Venezuela y los DD.HH. ¿Más allá del umbral de sospecha?

En nuestra reunión mensual del Comité Latinoamericano, y continuando con la línea de reflexión inaugurada en el encuentro anterior, conversamos acerca de la situación de los DD.HH. en Venezuela. Se abordaron las opciones relativas al derecho internacional que un conjunto de actores políticos y de la sociedad civil de la región estarían considerando como forma de conseguir su resolución y esclarecimiento: la apelación a la Corte Penal Internacional (CPI). Este caso inédito –nunca antes la Corte ha abordado un caso fuera del continente africano- permitiría generar conciencia en la comunidad internacional respecto de la situación de DD.HH. en Venezuela, ya que a la luz de algunas opiniones expertas, el país se encontraría “más allá del umbral de sospecha”.

La presunta existencia de mecanismos represivos para limitar y disuadir la oposición política en Venezuela -como las denuncias de arrestos arbitrarios, torturas y persecuciones extrajudiciales- constriñe fuertemente las alternativas en los circuitos de la justicia local. Asimismo, el hecho de que Venezuela haya denunciado la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 2012, dejando de ser parte de la Comisión en 2013, obtura también la vía hemisférica. Sin embargo, la renuencia del estado venezolano a investigar estas presuntas violaciones, podría activar el mecanismo de complementariedad de la CPI, habilitando la posibilidad de que el Fiscal de la Corte comience un examen preliminar ex officio, e incluso una investigación.

La remisión del caso venezolano a la CPI generaría un aumento de la conciencia global acerca de la situación de los DD.HH. y podría llevar al estado venezolano a tomar algún tipo de resolución, frente a la presión internacional. En este sentido, el país tendría dos opciones: o bien la cooperación –como se está haciendo en la actualidad con las autoridades colombianas, quienes solicitaron un diálogo de asesoramiento para la resolución de su situación en materia de lucha contra el narcotráfico–; o bien la apertura de una investigación.

Si se iniciara una investigación, como podría suceder en el futuro cercano, el tipo penal imputable serían los crímenes de lesa humanidad. En tal caso, el desafío del Fiscal radicaría en demostrar que dichos actos fueron cometidos de manera sistemática y generalizada contra la población civil; es decir, que habría un cierto grado de organización -que no se produjeron de manera aleatoria- y que la escala de víctimas sería (es) suficiente como para alegar que se trata de una violación generalizada.

Un conjunto de evidencias en este sentido podrían encarnar, entre otras, las exposiciones públicas del Presidente Nicolás Maduro en las que se refiere sistemáticamente a los opositores como “fascistas” (sic) -llamando a la reprimenda de sus manifestaciones- así como también el desarrollo del “Plan Patria Segura”, que consiste en el emplazamiento de 3.700 agentes en las calles, acompañado del llamamiento a “callar a los opositores” (sic), recurriendo al encarcelamiento y al “puño de hierro” (sic). Al respecto, cabe también mencionar las detenciones de líderes de la oposición como Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma, y de la autorización por parte del Ministerio de Defensa para el despliegue de la fuerza letal para reprimir manifestaciones que alteren el orden público.

Las ONGs del “Foro Penal Venezolano” (PROVEA) muestran cifras alarmantes: 880 heridos y 40 asesinatos como resultados de la represión, así como 3.000 personas torturadas, 3.800 detenidos y 40 condenados.

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