Los desafíos del proceso de paz en Colombia

En nuestro encuentro del mes de julio, dialogamos acerca de la actualidad de Colombia y las posibilidades de éxito de las negociaciones que el gobierno y las FARC vienen desarrollando en los últimos años. Para ello, las exposiciones y debates se dividieron en dos momentos: una primera parte teórica acerca de los métodos de resolución de conflictos, y una segunda, particularizada en el caso colombiano.

La primera pregunta que invita a la reflexión es el significado y alcance de la idea de paz. En una visión minimalista, se trataría apenas de la cesación de la violencia, es decir, una paz modesta y frágil (asociada a la idea de paz negativa). Una visión intermedia incorporaría alguna noción de justicia transicional y, finalmente, un abordaje más exhaustivo implicaría la suscripción de un nuevo pacto de convivencia, que supone reformas en varias de las instituciones que moldean y rigen a la sociedad post-conflicto.

En el marco de dichos procesos de paz, es preciso decir que existen pocas experiencias de negociaciones exitosas. La mayoría de las situaciones se terminan resolviendo por la imposición de la “fuerza” —sea esta física, económica o política— de un “vencedor”, que puede ser tanto un grupo beligerante, como un estado que los combate. Y es precisamente debido al desequilibrio de poder en la mesa de negociaciones que, en la mayoría de los casos, los acuerdos pactados tienden a comenzar a incumplirse o fracasar apenas al año de la salida negociada.

Por este motivo, parecería fundamental que los combatientes que acceden a deponer las armas obtengan algunas garantías. Asimismo, y como consecuencia del otorgamiento de dichas garantías, el estado se debería asegurar el desarme total y definitivo, el cual debe a su vez ser complementado por una reforma de la justicia, puesto que en la mayoría de los casos suele haber cierto grado de connivencia, que favorece la impunidad o impide el debido proceso de los combatientes.

Dentro de dichos procesos de negociación, que suelen tomar años, y que resultan en complejos avances y retrocesos, la fase final es la más importante. Y por ello, también la más delicada, ya que en ella ambas partes suelen escalar sus acciones de fuerza, sumado al hecho de que -para esa instancia- el nivel de fatiga social comienza a tornarse una variable importante, que debe ser tenida en cuenta a la hora de redactar los acuerdos definitivos.

El caso del proceso de paz colombiano, en particular, comenzó en octubre de 2012 y, hasta mediados de 2014, pudo exhibir avances y resultados con una frecuencia semestral: en mayo de 2013 hubo un acuerdo con las FARC acerca de desarrollo rural —dentro del cual uno de los puntos más álgidos será el trazado de un nuevo registro catastral, solicitado por las propias FARC y combatido por varios sectores terratenientes colombianos, así como por sectores narcos, devenidos también terratenientes. En noviembre de 2013 hubo un segundo acuerdo sobre participación política de las fuerzas eventualmente desmovilizadas y, finalmente, en mayo de 2014, hubo un acuerdo sobre el tema de las drogas.

Una de las grandes virtudes del proceso de La Habana, a diferencia de los anteriores, es que se concentró apenas en 5 puntos de negociación, mientras que el de ex Presidente Pastrana, por ejemplo, buscaba lograr acuerdos en torno a 100 puntos de negociación, lo que las prolongaría indefinidamente en el tiempo, hasta su fracaso.

Sin embargo, y como consecuencia de la elección del mecanismo de single undertakement para las negociaciones, que implica que “nada está acordado, hasta que todo está acordado”, la negociación se ha comenzado a complejizar, puesto que aún quedan temáticas muy delicadas: reparación de las víctimas, desmovilización y desarme, y ratificación de los acuerdos. En este sentido, resulta importante destacar que las coaliciones que se forman a la hora de la negociación no siempre son las esperadas y que, en el marco de la reparación y la administración de justicia, ni las FARC ni el Ejército colombiano quieren que se abran procesos, prefiriendo ambos un acuerdo que apuntase a la clausura y, potencialmente, a la impunidad.

Otro de los problemas importantes de la negociación colombiana en particular es que, en algunos casos, los “gestos” hechos por las FARC —como el cese al fuego unilateral, los desminados humanitarios o la decisión de no reclutar menores de 17 años—no son debidamente apreciados por la sociedad y la política –o no al menos como las FARC quisieran que se los valorara-, lo cual comienza a atentar contra el ánimo negociador de una de las contrapartes.

Algunas de las actitudes posteriores de las FARC, como contramedidas a las resoluciones tomadas unilateralmente que carecieron de apoyo, incluyen emboscadas, cortes a los suministros de luz y de agua y catástrofes ambientales generadas adrede, tales como derrames de petróleo. Todo ello, desafortunadamente, sí ha tenido impacto en la opinión pública, que en general se encuentra descreída. La mayoría de los colombianos piensa que sí se llegará a un acuerdo, pero que este difícilmente se respete. Un momento de estancamiento y deterioro, difícil de encauzar.

El proceso de reelección de Santos es un claro ejemplo de ello, puesto que hizo de la paz el eje de su campaña. En ese sentido, en primera vuelta salió segundo detrás de Zuluaga, con una participación del 40% del electorado. Y, en el ballotage, triunfó con el 51% de los votos, pero del 47% del padrón que votó. En consecuencia, el “mandato” que se le otorgó a Santos para negociar fue confirmado por un 26% de los colombianos, dato que debe ser seriamente tenido en cuenta.

Ello también es consecuencia de la deslegitimación de las clases políticas. Las Fuerzas Armadas colombianas, como resultado del proceso de negociación, parecen una “fuerza política independiente”, con un prepuesto del 3,5% del PBI, bien dotadas numéricamente, y contando con un fuerte espíritu corporativo. Mientras que durante la presidencia de Uribe se apreciaba una fuerte obediencia al poder civil, Santos padece la erosión del control político de las FF.AA: existen filtraciones a la prensa y al propio Uribe, que sigue siendo un actor importante desde fuera. Las acciones de Santos tampoco parecen lograr disciplinar a las Fuerzas: el Presidente cambió el Ministro de Defensa y apenas 24 horas luego de su llegada de Washington, el ejército bombardeó campamentos de las FARC, con el objetivo de enviarles un claro mensaje.

Por todo ello, se ha instalado la duda en la sociedad colombiana respecto de la creencia de Santos en la paz, dado que – hasta el momento- no se ha mostrado como alguien que decida estratégicamente por ella. De hecho, aún considera a la guerra como alternativa, si la paz fracasa. En una palabra, parece un Presidente de la paz, pero cuya alma no está en la paz.

Por último, cabe una breve mención al resto de los actores que participan de algún modo en el proceso. Noruega y Cuba son los facilitadores principales y garantes del proceso. Además, se debe destacar el giro de los Estados Unidos, ya que en el pasado, Washington parecía obstruir sistemáticamente el diálogo de paz ­–sobre todo durante la gestión de Pastrana. Hoy, sin embargo, se ha convertido en un gran facilitador, proveyendo incluso importantes figuras diplomáticas como Special Advisors. Chile -como resultado de la expresa voluntad de Santos- y Venezuela -a pedido de las FARC- están también trabajando como garantes del proceso de paz. Brasil, sin embargo, sigue siendo el gran ausente, mostrándose incapaz o falto de interés en aportar al proceso, a pesar de haber hecho importantes contribuciones humanitarias en el pasado. Argentina, por el momento, también se ha mantenido al margen.

Todo este cuadro de situación pone en evidencia que, lejos de estar resuelta, la cuestión colombiana sigue abierta y vigente. Por ese motivo, sería imprescindible que los análisis que hagamos a futuro sobre Colombia y el proceso de paz que aborden el “post-conflicto”, no lo hagan en detrimento de lo que está allí a la vista de todos y todavía merece un estudio honesto y profundo: el “conflicto”.

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